Así lo determinó el ministerio de Educación, a partir de intervenciones articuladas entre las instituciones educativas, el ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal. Los jóvenes fueron sancionados con la pérdida del beneficio y sus padres podrían enfrentar consecuencias en la Justicia.

En primer lugar, es preciso destacar que las amenazas o intimidaciones públicas constituyen delitos y fueron denunciadas ante la Justicia penal. Asimismo, los padres o responsables legales pueden afrontar consecuencias en el ámbito contravencional por los hechos ilícitos cometidos por sus hijos. En este sentido, se recomienda a madres, padres y tutores dialogar con ellos sobre el uso responsable de la información y las implicancias de este tipo de conductas.

A su vez, los directivos de escuelas públicas y privadas de todo el territorio provincial, ante este tipo de casos recurren a la Guía Única e Integral de Abordaje Rápido para la Salud Escolar (GUIARSE) que se encuentra en el sitio web y que contempla más de 70 protocolos que permiten actuar con rapidez para proteger a los alumnos y a toda la comunidad escolar.

Por otro lado, el Ministerio Público Fiscal continúa trabajando de forma articulada con Educación y Seguridad en la investigación de situaciones similares registradas en otras instituciones educativas de la provincia.

Además, la cartera educativa pone a disposición herramientas de capacitación y acompañamiento para la prevención y el abordaje de estas problemáticas. Las acciones son desarrolladas por el equipo profesional de la subdirección de Bienestar Escolar, con el objetivo de fortalecer la convivencia y promover entornos escolares seguros.